¿Qué tiene que ver UBER con la PRL?

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Una de las recientes irrupciones en la actualidad informativa es la de “UBER“, la empresa que proporciona a sus clientes una red de transporte a través de una app, conectando pasajeros con conductores de vehículos particulares registrados en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de transporte.

Para entendernos: Imaginemos que estamos en plaza Colón de Madrid y precisamos ir a la estación de Atocha. Buscamos en la app algún usuario de UBER que esté cercano a nosotros y que vaya en la misma dirección o que simplemente esté dispuesto a llevarnos, le lanzamos un aviso y nos pasa a recoger. Le pagamos un precio a través de la app y UBER se queda un porcentaje por el viaje. Un negocio redondo nacido de una startup en San Francisco que ya ha sido valorado en más de 13.000 millones de euros.

UBEREste servicio, de particular a particular, ha tenido mucha aceptación entre los usuarios dado que representa un notable ahorro respecto del tradicional servicio de taxi. No obstante, ha levantado también gran polémica y ha provocado algunas sonadas huelgas en el sector del taxi en las principales urbes europeas. El motivo principal de las críticas a UBER es el de que la utilización de esta app conlleva una competencia desleal para los taxistas, amén de que podríamos decir que se ejerce una actividad donde no queda muy claro que acabe tributando. Es por ello que el sistema ha sido ya prohibido en países como Bélgica o recientemente Alemania.

Está claro que más allá del beneficio para el consumidor, existe un vacío legal que permite que mientras que el profesional tiene que pagar impuestos, licencias, permisos, conciertos preventivos, seguros, equipos, calibraciones, e inspecciones técnicas específicas, un particular puede hacerle la competencia dándose de alta en una aplicación y poniendo su coche y su tiempo al servicio de otros usuarios sin más. Queda claro que la competencia desleal existe o que como mínimo debería desregularse el sistema de los profesionales para poder competir en igualdad de condiciones.

Y lo mismo podríamos decir de los servicios de la web Airbnb que ofrece la posibilidad de alquiler de casas, pisos y apartamentos de particular a particular, enfrentándose al sector de la hostelería que debe sufragar también numerosas licencias, impuestos y demás cargas administrativas.

Y os preguntaréis: ¿Qué tiene que ver esto con la prevención de riesgos laborales?

Pues bastante, hasta el punto que le veo 3 paralelismos desde el punto de vista profesional:

  • La Ley de emprendedores aprobó una ampliación de la posibilidad de la asunción personal por parte del empresario de la actividad preventiva, de forma que en empresas de hasta 25 trabajadores y con un único centro de trabajo, ya no hace falta que un profesional (interno o externo) ejerza la actividad por la que ha sido formado, sino que el propio empresario puede realizar el trabajo por el que cuesta estudiar toda una carrera universitaria. Se podría hablar de un UBER de la PRL, o cuando se habilita al no profesional para que ejerza una profesión sin más. Cierto es que mejor que uno (el empresario) no conoce nadie el funcionamiento de una empresa, pero también es cierto que normalmente uno no detecta que tiene un cuadro torcido hasta que otro nos lo indica, y que el día a día nos lleva a poner por delante las tareas urgentes por encima de las importantes.
  • Las distintas modificaciones normativas y la tradicional picaresca mediterránea ha ocasionado la aparición de gabinetes de prevención de riesgos laborales que sin estar acreditados como servicios de prevención, se ofrecen a realizar trabajos para los que están autorizados los servicios de prevención,  a un precio muy por debajo del de mercado (que ya es decir) o directamente a coste cero. La mayoría de estas empresas, que por supuesto, ni pagan seguro de responsabilidad civil, ni están controladas por la autoridad laboral, que no deben cumplir con los requisitos de acreditación, etc, utilizan la posibilidad de que sea el empresario quien ejerza la actividad preventiva en la empresa para redactar un supuesto documento de evaluación de riesgos que deberá firmar el propio empresario como si fuera propio. Normalmente, cuando se ofrece este servicio de forma gratuita, se suele camuflar como un curso de formación en prevención de riesgos laborales para conseguir la bonificación a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Un fraude total que deviene también el particular UBER para los servicios de prevención.
  • Hay una corriente en el sector de la PRL que abogan por la posibilidad de que cualquier técnico de prevención de riesgos laborales pueda ejercer de forma autónoma su profesión sin estar acreditado como Servicio de prevención. Más allá de que existen profesionales autónomos mucho más preparados que los que puedan haber en un servicio de prevención, hecho que no pongo en duda, así como también los hay que no tienen la experiencia y formación necesaria, bien es cierto que de aprobarse esta posibilidad estaríamos también en un caso “UBER” en el mercado de la prevención en España. Es decir, reiterando que no pongo en duda la capacidad del técnico autónomo, éste estaría ejerciendo su actividad en competencia desleal con los servicios de prevención, que deben pasar por unas duras acreditaciones, sufrir unos ratios que regulan su capadidad de actuación totalmente incomprensibles y anacrónicos, que debe disponer de determinados equipos (los utilice o no), que debe disponer de determinado número de personal, que debe remunerar acorde a un convenio colectivo (como debe ser), etc, etc, etc.

En los dos primeros casos, la calidad del servicio se deteriora respecto del que teóricamente deberían prestar los servicios de prevención, en el tercero dependerá del técnico.

Parece ser que UBER ya ha ampliado sus servicios a los de transporte de mercancías, con lo que los servicios de mensajería, transporte y distribución se verán también afectados. Si el negocio se va ampliando puede afectar a otras tantas profesiones y sectores que disponen de fuertes regulaciones, licencias y acreditaciones, requerimientos de capacitación del personal, etc.

¿Todo vale mientras que se beneficie el consumidor? ¿Estamos en un cambio de modelo?

Yo no lo tengo nada claro. Os recomiendo un interesante artículo de Enrique Dans al respecto para formaros una idea, así como este otro de Juan Cabrera.

La polémica está servida. ¿Qué opináis?

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